El conflicto de la
Educación pública en Madrid, de resultado incierto, pone de relieve una
crisis que es no solo económica, sino –lo que es más grave- de valores y
de sociedad.
MARTES, 11 DE OCTUBRE DE 2011 , Diario progresista, RAMÓN ROLDÁN
En primera instancia, nos encontramos
efectivamente con un conflicto laboral. Funcionarios interinos sin
trabajo y funcionarios con plaza que se ven desplazados a otros centros o
forzados a impartir asignaturas que no son las de su especialidad,
poniendo a prueba su competencia deontológica y profesional, justifican
con creces la protesta de un sector que ya padeció el año pasado una
reducción del 7% en sus salarios para compensar los desmanes que
causaron otros con el pelotazo y la corrupción. A ello hay que añadir
las declaraciones de dirigentes del PP y del Gobierno de Esperanza
Aguirre, que, lejos de intentar apaciguar y propiciar un diálogo, han
buscado dañar la imagen social de los profesores; algo muy serio para
quienes basan su autoridad sobre todo en su prestigio.
La antigua
Ministra de Educación y la actual Consejera de Educación lo saben muy
bien, y por eso es particularmente hiriente para los profesores su
actitud.
Sin embargo, pese a que sin duda habría motivos suficientes, no ha
sido esto lo que ha lanzado a los profesores a la calle, sino el
deterioro de la Educación pública. Los brutales recortes en las
plantillas llevados a cabo por Esperanza Aguirre, que, con el famoso
aumento de 2 h. en la jornada lectiva, ha provocado una disminución de
en torno a un 15 % en el número de profesores, han dejado a los
institutos al borde del colapso. Y es esta situación, y no otra, la que
ha puesto a los profesores en pie de guerra. De hecho, en un gesto que
contrasta con las actitudes mezquinas de los dirigentes madrileños, han
repetido hasta la saciedad que sus protestas no se deben a
reivindicaciones salariales y que, de hecho, aumentarían de buena gana
sus dos horas lectivas si se readmitiese a los interinos. Padres y
alumnos lo han entendido así. Ni siquiera ha servido el pretexto de la
crisis: las subvenciones y beneficios fiscales que recibe la enseñanza
privada y concertada, ponen de manifiesto que la intención del Gobierno
de la Comunidad no es reducir gastos, sino destinar dinero público a
intereses privados. En eso tienen razón Esperanza Aguirre y Lucía Figar:
no son recortes. Es un trasvase de la pública a la privada.
Y, así, llegamos al tercer nivel, el más profundo e
inquietante. Poderosos intereses económicos, políticos y religiosos,
junto al Partido Popular, han puesto en la Educación su punto de mira.
Los mismos que han provocado la crisis ven ahora la oportunidad de
fagocitar a un Estado expoliado por la crisis. Entretanto, los
profesores están ahí, metidos en un callejón sin salida (pues
difícilmente la Comunidad de Madrid va a echar marcha atrás en unas
medidas que ya se están aplicando), forzados a una batalla en la que
tienen todas las de perder; una lucha desigual que quizás sea la última y
desesperada defensa del Estado social y del bienestar. Por ello, la
sociedad en su conjunto no tiene más remedio que implicarse: si dejamos
solos a los profesores, su derrota no solo podría suponer el final de un
modelo educativo, sino el de un modelo de sociedad, e incluso de
Estado.
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