La metáfora del Contrato se aplicó al pensamiento social y político
para llamar la atención sobre la autoridad de los seres humanos sobre su
propio destino. El futuro no dependía de leyes divinas o naturales,
sino de la capacidad de tomar acuerdos y de vivir en comunidad. Por eso
el contrato social fue inseparable, desde los orígenes del pensamiento
democrático, de un contrato pedagógico. La tarea de formar ciudadanos
libres e informados, con conciencia crítica, capaces de denunciar los
desmanes del poder y de asegurar una convivencia justa, es un compromiso
irrenunciable. El pensamiento democrático no tiene por qué asumir
pecados originales. Pero sí necesita recordar sus compromisos
originales, los valores que están en su origen. La educación pública es
uno de los más importantes. La libertad y la igualdad resultan
imposibles sin ella.
Los recortes que está sufriendo la educación pública en la Comunidad
de Madrid son un ejemplo iluminador del grave retroceso democrático que
estamos viviendo. En realidad, pueden ayudarnos a entender con claridad
el sentido de la crisis económica y la estrategia social y cultural que
nos envuelve.
Se recortan 80 millones de euros en educación pública para
desplazarlos a la mejora de la educación privada o privada-concertada.
Eso supone una degradación inmediata de la calidad educativa que ofrece
el Estado como un ámbito cívico. Se debilita la capacidad de ofrecer una
enseñanza libre, no sometida a intereses ideológicos y económicos
particulares, y se renuncia a equilibrar las desigualdades entre los
alumnos. La pérdida de 3.000 profesores, que se suman a los 2.000 del
año pasado, implica un deterioro grave en la organización docente y en
la atención a los alumnos y a los padres. Pero también supone la
decisión calculada de no generar sentimientos de convivencia y de
vinculación a la comunidad.
¿Un problema de ahorro? La Comunidad de Madrid ha renunciado
voluntariamente a una parte de sus ingresos. Cuando permite desgravar en
los impuestos autonómicos el dinero invertido en educación de pago,
está invitando a las familias a que se olviden de la enseñanza pública.
Debemos buscar en las ofertas del mercado la educación de nuestros
hijos. Este proceso irá aumentando de manera lógica en la medida en que
la calidad de los centros públicos se degrade. Más que a una crisis
económica, asistimos a una estrategia premeditada. Se trata de expulsar a
las clases medias de los servicios públicos. Cuando el Estado sólo
tenga como destinatarios a los ciudadanos más pobres, el deterioro se
acentuará hasta el punto de confundir los derechos y los amparos cívicos
con las instituciones de caridad. Al final de este camino, la educación
y la sanidad pública están condenadas a convertirse en casas de
misericordia.
Significativa e impúdica es la maniobra de utilizar la falsedad
informativa para justificar la situación. Una vez más se criminaliza a
la víctima. Difundir la opinión de que los profesores trabajan poco y
son unos privilegiados supone una injusticia de especial gravedad.
Además de las horas de clase, un profesor tiene obligaciones de
tutorías, atención a los padres y alumnos, gestión en los centros y los
departamentos, actividades extraescolares, preparación de sus lecciones y
renovación de sus conocimientos. A lo largo de los últimos años, la
sociedad española ha sufrido un verdadero cambio antropológico, pasando
del subdesarrollo al capitalismo avanzado. Como hemos sido incapaces de
consolidar una defensa de los valores públicos, el desprestigio de las
costumbres represivas dio paso a la simple impertinencia y la falta de
respeto. En la caricatura educativa, la imagen del profesor castigando
con severidad torturadora es menos frecuente hoy que la de los padres o
los alumnos comportándose con una agresividad indebida. Por eso resulta
tan grave poner al profesorado en el ojo de huracán a través del
populismo demagógico.
El deterioro de la educación pública, además de un reparto de
negocios particulares, responde a la estrategia de excluir los
compromisos sociales de la relación entre individuos. Al romper el
contrato pedagógico, estamos poniendo nuestro futuro en manos de los
mercados. Después de lo que llevamos visto, ¿no es un disparate?.
LUIS GARCÍA MONTERO, PÚBLICO, 11 DE SEPTIEMBRE
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